Fiscalización en Coihueco deja nueve ciudadanos bolivianos denunciados por situación migratoria irregular
La autoridad recordó que contratar extranjeros sin autorización puede generar multas de entre 1 y 200 UTM por cada trabajador, según el tamaño de la empresa.
Nueve ciudadanos bolivianos fueron denunciados por mantener su permanencia de turismo vencida, tras una fiscalización realizada en diez establecimientos comerciales de la comuna de Coihueco.
El operativo se desarrolló durante la tarde del jueves 23 de julio y contempló la inspección de seis barberías y cuatro centros comerciales conocidos como “mall chinos”. En materia migratoria, fueron controladas más de 30 personas extranjeras, principalmente de nacionalidad venezolana, boliviana y china.
La fiscalización fue organizada por la Seremi de Seguridad Pública en el marco del Plan Regional contra el Crimen Organizado 2026 de Ñuble, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa policial, laboral, tributaria y migratoria por parte de empresas y empleadores que contratan trabajadores extranjeros.
En el procedimiento participaron Carabineros, detectives del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI, inspectores municipales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, la Inspección del Trabajo, y el Servicio Nacional de Migraciones de Ñuble.
La directora regional del Servicio Nacional de Migraciones, Margot Inzunza, señaló que estas fiscalizaciones buscan comprobar que las empresas respeten la legislación laboral, de seguridad social y migratoria. Además, recordó que los empleadores deben revisar la situación migratoria de las personas extranjeras antes de contratarlas.
La Ley 21.325 de Migración y Extranjería establece que los empleadores solo pueden contratar a extranjeros que cuenten con un permiso de residencia o una autorización de trabajo con permanencia transitoria.
La contratación de personas en situación migratoria irregular está sancionada en el artículo 117 de la normativa. Las multas para personas naturales o jurídicas fluctúan entre 1 y 200 UTM por cada trabajador extranjero sin autorización, dependiendo de si el empleador corresponde a una micro, pequeña, mediana o gran empresa.
Inzunza llamó a empleadores y trabajadores extranjeros a informarse mediante los canales oficiales del Servicio Nacional de Migraciones para evitar multas y otras sanciones.
